Alvaro Navarro Sotillos, Editor en jefe de la revista The Impact Lawyers, ha tenido el placer de realizar una entrevista con Annika Reynolds. Annika es la fundadora de GreenLaw, un proyecto social y de reforma legal de la ANU (Universidad Nacional de Australia). Creó GreenLaw porque estaba muy involucrada en la defensa del medio ambiente, pero vio que la participación de los jóvenes en las instituciones jurídicas era limitada. Actualmente es estudiante de Derecho (con honores)/Estudios de Seguridad Internacional en la Universidad Nacional de Australia, con una especialización en lengua coreana. Es asistente de investigación en la Facultad de Derecho de la ANU sobre la reglamentación ambiental federal y sobre cuestiones de derecho internacional en el Pacífico Sur, y actualmente es consultora de la Fundación Australiana de Conservación. Annika es Directora de la Junta de Zero Emissions Noosa Inc (ZEN), que proporciona orientación estratégica para la comunicación y la promoción de ZEN. 

GreenLaw es una organización dirigida por jóvenes que permite a la próxima generación de abogados comprender la importancia del derecho ambiental y el poder de las instituciones legales para promover la justicia climática. A través de tareas de investigación jurídica, GreenLaw tiene como objetivo capacitar a las organizaciones con conciencia ambiental para que se comprometan eficazmente con las instituciones jurídicas.

El cambio climático es el desafío que define a nuestra generación, y GreenLaw está trabajando para asegurar que los jóvenes abogados tengan la capacidad de abordarlo.

GreenLaw trabaja en colaboración con organizaciones ambientales para producir investigación legal, paquetes de reforma de leyes y desarrollo de políticas que harán una contribución significativa a la reforma legal en Australia, sentando las bases para un futuro más sostenible y compasivo. 

Tenemos la suerte de contar con el apoyo de académicos de renombre para completar nuestro trabajo, lo que permite a nuestros miembros desarrollar habilidades y conocimientos legales críticos en el derecho ambiental. 

GreenLaw está impulsado por estudiantes administradores y miembros. Annika Reynolds, nuestra fundadora, es responsable de la dirección estratégica de GreenLaw, las publicaciones finales y las comunicaciones externas; mientras que Sarah Mack, nuestra directora de equipos, se asegura que los miembros de GreenLaw reciban apoyo y que nuestros proyectos funcionen sin problemas. Sin embargo, estamos agradecidos por la supervisión proporcionada por los académicos de la Facultad de Derecho de la ANU y estamos abiertos a la colaboración con otros socios jurídicos externos.

GreenLaw no tiene actualmente ningún patrocinador o donante.

El sistema judicial es una institución fundamental para garantizar que el gobierno y los actores privados mitiguen adecuadamente el cambio climático y rindan cuentas por los daños ambientales. El poder judicial es una forma poderosa para que los miembros del público hagan responsables a los encargados de la toma de decisiones del gobierno y aseguren que nuestros líderes actúan en el interés público. Como el Equipo de Investigación de la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 (EPBC) encontró en nuestra presentación al Examen Independiente de la Ley EPBC:

"[La presentación de GreenLaw] demuestra que el litigio de interés público está proporcionando la necesaria responsabilidad del gobierno en un esquema regulatorio federal que es preocupantemente opaco sin intervención pública".

Sin embargo, hay límites a la participación del poder judicial en este espacio. GreenLaw también encontró que los litigios de interés público sobre las decisiones de la Ley EPBC representan menos del 0,06% de la carga de trabajo anual del Tribunal Federal Australiano, lo que demuestra que los tribunales están siendo marginados de las cuestiones relacionadas con el cambio climático, especialmente en la jurisdicción federal. 

Los bufetes de abogados tienen la responsabilidad no sólo de promover medidas internas de sostenibilidad, como el uso de energía renovable o el aumento del reciclaje, sino de apoyar una reforma legal transformadora para la acción climática en toda la sociedad. Es fundamental que los abogados y los bufetes de abogados establecidos trabajen con la próxima generación de abogados, como GreenLaw, para desarrollar modelos de reforma jurídica y asegurar que haya un cambio cultural dentro de la profesión jurídica, para que juntos podamos hacer frente a la crisis climática.

El cambio climático era un problema mundial antes de la pandemia y seguirá siéndolo en el futuro. La forma en que el mundo respondió a la pandemia debería darnos esperanza e inspirar a quienes trabajamos en la política jurídica a ser ambiciosos con nuestros programas de reforma. Los países son capaces de modificar rápidamente sus costumbres sociales y sus economías cuando ello redunda en beneficio del público, lo que pone de relieve que podemos trabajar en pro de cambios importantes para hacer frente a la crisis climática. En cierto sentido, la pandemia de la COVID-19 es una lección de ciudadanía mundial, que debe aplicarse igualmente a nuestra respuesta colectiva al cambio climático.

Es difícil predecir cómo se regulará el cambio climático en el futuro. El cambio climático es un tema complejo, e implicará cambios en la forma en que estructuramos nuestras economías, sociedades y relación con la naturaleza.

Sin embargo, GreenLaw aboga por un programa de regulación más sostenible en el futuro de Australia, especialmente cuando se trata de la recuperación económica después de la pandemia. En la actualidad estamos trabajando con Farmers for Climate Action para elaborar un marco jurídico para una estrategia nacional sobre la agricultura sostenible. La forma en que Australia gestione sus tierras y su agricultura será decisiva para garantizar que la columna vertebral rural de la Comunidad Australiana sea resistente a la crisis climática.