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Giovanni Falcone luchó contra la mafia en Italia a través de comprender la necesidad de la figura del juez como colaborador en las investigaciones criminales

El pasado veintitrés de mayo, Italia rindió homenaje al juez Giovanni Falcone, a su esposa la jueza Francesca Morvillo y a los tres escoltas Antonio Montinaro, Rocco Dicillo y Vito Schifani, fallecidos a manos de la mafia en la masacre de Capaci el 23 de mayo de 1992 

Giovanni Falcone fue un juez comprometido con la lucha contra la mafia que dejó a Italia y al mundo entero un importante y preciado legado.

Una de las principales lecciones que nos dejó tan trágico suceso fue precisamente la implantación de una nueva metodología para levara a cabo investigaciones criminales precisamente en el campo de la lucha contra los delitos relacionados con el crimen organizado. Falcone - decidido a derrotar el fenómeno mafioso con el fin de devolver la dignidad perdida a su país - comprendió la importancia de las investigaciones relacionadas con las propiedades en manos dela mafia y la necesidad del juez de dedicarse exclusivamente a la investigación del crimen , dedicándole todos los recursos. 

De igual manera, entendió la necesidad de crear un grupo de magistrados especializados que pudieran llevar a cabo un método de análisis más cualificado y específico de todas las circunstancias y hechos relacionados con los sujetos investigados,  lo que condujo a lo largo de los años a una evolución legislativa cada vez más específica hasta la aprobación del actual Decreto Legislativo Nº 159/11, denominado Código Antimafia (también llamado CAM): un procedimiento de interés público que precisamente para lograr aquellos fines transcurre por vías diferentes al procedimiento penal, aunque, a veces, paralelo al mismo.

La aplicación de esta legislación especial se delega en una sección específica generalmente denominada "Sección Autónoma para la aplicación de medidas de prevención", constituida en cada tribunal de provincia, a la que se asignan magistrados altamente especializados y cualificados en la materia. El magistrado en cuestión desarrolla su actividad con la ayuda de profesionales adecuadamente formados en diferentes secciones específicas pertenecientes a las fuerzas del orden, así como profesionales especializados que trabajan en el ámbito judicial, como el abogado y el contador judicial.

De esta manera, el Código Antimafia contempla llevar a cabo investigaciones económicas, encomendadas a la policía judicial o a la guardia financiera, atendiendo al nivel de vida, los recursos financieros y los activos acumulados y a la disponibilidad del sujeto investigado -definido como "propuesto"- contra el que se aplicarán las medidas que al efecto se puedan adoptar. 

Fuente: Freepik

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo y comprobando circunstancias tales como la disponibilidad de un inmueble derivado de actividades delictivas, el tribunal emite la orden de decomiso. Se trata de un decreto motivado en el que se especifican las personas contra las que se aplica la medida, los terceros afectados por ella, como titulares ficticios de los bienes, la lista detallada de los activos, el tribunal delegado, el nombramiento del administrador judicial y la fecha de la audiencia.

Asimismo, el tribunal ordena la inscripción de la orden de decomiso en los registros de la Propiedad y en el Registro Mercantil, con anotación en las Cámaras de Comercio territorialmente competentes en función del lugar en el que la sociedad objeto de embargo tenga su domicilio social.  

También se procede a establece la duración de la administración judicial de los bienes por un período no superior a un año con posibilidad de prórroga de otros seis meses y, en todo caso, por un período no superior a un total de dos años. 

A tal fin, el artículo 10 de la Directiva no 34-ter - insertado por el art. 12, apartado 1, L. 17 de octubre de 2017, n.161 - prevé el tratamiento prioritario de los procedimientos de prevención de activos a los que da prioridad absoluta.

Si los terceros propuestos e interesados no prueban la legalidad del origen del capital utilizado en la constitución de la finca incautada, el tribunal ordenará el decomiso del inmueble en el sentido del artículo 24 de la CAM, previéndose el nombramiento de un administrador judicial – con intervención de abogados y contadores - inscrito en el Registro de Administradores Judiciales, celebrado en el Ministerio de Justicia.

De este modo, el administrador judicial es quien administra los bienes incautados y confiscados al crimen organizado en nombre de la autoridad judicial, siguiendo las directrices dadas por el Juez Delegado, por cuya razón la administración judicial es una actividad con una gran implicación y responsabilidad que requiere un adecuado uso de los recursos y conocimientos específicos en el ámbito del juicio económico, y que explora inmediatamente y de facto todos los activos afectados, asociado a la adecuada administración judicial de la empresa intervenida, gestionando sus activos y, en la medida de lo posible, permitiendo su rentabilidad.   

Debe advertirse que las funciones del administrador judicial abarcan diversas áreas de gestión, y que se extienden al ámbito corporativo, auditoría legal, contabilidad administrativa, civil y fiscal, quiebra, corporativa y penal. Por dicha razón, el administrador judicial se caracteriza por su función multidisciplinar, destacando su profesionalidad, especialidad y capacidad gestión de los activos incautados que le han sido confiados.

Desde el preciso instante de su nombramiento, el administrador judicial lleva a cabo todos los actos de administración ordinaria, mientras que los actos de administración extraordinaria deben ser autorizados previamente por el juez delegado. A falta de la autorización del Juez Delegado, no puede, arrendar o prestar bienes inmuebles, ni celebrar contratos, vender los bienes sujetos a su administración, activar cuentas corrientes, constituir  o cancelar hipotecas y préstamos, ni tampoco contratar o despedir empleados. 

Por último, la ley atribuye expresamente al administrador judicial la condición de funcionario público, lo que parece consustancial a su responsabilidad, especialidad y funciones.