Los dos últimos años se han caracterizado por una fuerte respuesta empresarial a la angustia y las necesidades de la sociedad. Con la crisis sanitaria de Covid-19, las protestas sociales de Black Lives Matter y la catástrofe humanitaria a la que asistimos hoy en día provocada por el conflicto de Ucrania, la ayuda empresarial no ha pasado desapercibida. Desde la reutilización de la producción para satisfacer la demanda urgente de desinfectantes de manos y mascarillas, hasta las donaciones de seis cifras realizadas a organizaciones benéficas, las empresas han estado a la vanguardia de la ayuda de alto impacto a una población necesitada.

Si bien las donaciones caritativas de las empresas no son un comportamiento nuevo, lo que llama la atención son las expectativas que los individuos depositan cada vez más en las empresas individuales en un contexto a menudo alimentado por la desconfianza y la alerta. Durante décadas, los consumidores han boicoteado productos y servicios como expresión de insatisfacción con la conducta y las decisiones de las empresas. Sin embargo, hoy en día, la responsabilidad social de las empresas está actuando más que nunca como elemento persuasivo en las decisiones de compra de los consumidores, influyendo también en su percepción de las empresas en cuestión. Los consumidores manifiestan su mayor expectativa de que las empresas utilicen su poder e influencia para conseguir un bien mayor, al tiempo que presionan para que los productos y servicios sean más saludables, sostenibles, transparentes y éticos. 

Esta conciencia social también se ha reflejado en la normativa reciente y emergente, con la promulgación de leyes y el diseño de políticas cada vez más influenciadas por los derechos humanos y los principios éticos. No faltan ejemplos. El RGPD respondió a la necesidad de una mayor transparencia y control para garantizar la protección de los datos personales y permitir una aplicación efectiva del derecho a la privacidad en un mundo cada vez más tecnificado. Las propuestas de IA de la UE y China se basan en fuertes premisas éticas con el objetivo de regular el impacto y las consecuencias de esta tecnología en las personas.

Las recientes tendencias normativas a las que estamos asistiendo también consagran una mayor anticipación de los compromisos éticos de las empresas con el objetivo de formalizar la necesidad de una mayor responsabilidad. El gobierno danés, por ejemplo, ha aprobado una ley que obliga a las empresas a divulgar su política de ética de datos o a explicar la falta de ella. La Comisión de la UE ha publicado su propuesta de Directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, con un importante enfoque en los procesos empresariales para, entre otros objetivos, aumentar la responsabilidad por los impactos ambientales adversos. A continuación, el Foro Económico Mundial publicará su "Guidance Note for Boards" (Nota de orientación para los consejos de administración) sobre derechos humanos y partes interesadas afectadas para ayudar a los consejos de administración de las empresas a comprender mejor las expectativas y preocupaciones sociales fundamentales y permitir un desarrollo sincronizado. La lista continúa.

Sin embargo, la supervisión corporativa y la diligencia debida no se limitan a las empresas individuales. La creación y el mantenimiento de un ecosistema responsable requiere que el compromiso de las asociaciones y de terceros cumpla con un umbral ético compartido que aborde eficazmente las demandas normativas y sociales. El ámbito de la privacidad ofrece un buen ejemplo: la presión normativa (por ejemplo, la reciente decisión de la Autoridad Belga de Protección de Datos contra el Marco de Transparencia y Consentimiento de IAB Europe) y las soluciones diseñadas por la industria (por ejemplo, las etiquetas de privacidad de Apple) están cambiando la percepción de los proveedores de servicios, que ahora se consideran cada vez más críticos y corresponsables de satisfacer las expectativas razonables de privacidad de los usuarios a lo largo de la cadena de suministro de productos y servicios.

Estos cambios llegan en un momento histórico en el que las nuevas tecnologías (a pesar de su complejidad inherente) están asumiendo un papel de liderazgo para ayudar a impulsar la transparencia y la responsabilidad. Por ejemplo, la trazabilidad de la cadena de bloques está siendo aprovechada por las empresas para rastrear y verificar el uso de productos producidos de forma sostenible y ética en toda la red logística.

En este contexto, que las empresas reimaginen su papel y su propósito se ha convertido en una necesidad. Se trata de un cambio cultural que indica el paso de la primacía del accionista al capitalismo de las partes interesadas. Uno en el que las necesidades de todas las partes interesadas, como los empleados, los consumidores y los clientes, guían el impacto que las empresas pueden tener en la sociedad. Sin embargo, esta reforma transformadora no puede limitarse a un ejercicio de marcar casillas. Requiere más bien un cambio sistemático en la forma en que las empresas se estructuran y operan, en el que los conceptos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) pasan a ser fundamentales para la toma de decisiones empresariales y estratégicas. Al aprovechar sus informes ASG, las empresas pueden comprometerse mejor en la búsqueda de soluciones acordadas que son de importancia crítica para sus partes interesadas internas y externas. Además, pueden descubrir y comunicar los riesgos y oportunidades para un crecimiento resistente y significativo.

Los informes ASG serán cada vez más importantes como forma de que las empresas arraiguen su crecimiento y su futuro en los valores de sus partes interesadas y midan su impacto deseado.