El gobierno federal de los Estados Unidos ha puesto en marcha varias iniciativas en respuesta al brote de COVID-19, con el fin de hacer frente a las dificultades económicas que muchas empresas, especialmente las más pequeñas, sufren como consecuencia de la pandemia. Las iniciativas gubernamentales incluyen programas de préstamos, subvenciones y créditos fiscales - se espera que se sigan más programas, debido a los mayores esfuerzos que el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido con el fin de apoyar la recuperación económica del país. 

El 27 de marzo de 2020 se firmó la Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus), que representa la tercera pieza importante de la legislación federal en respuesta a la pandemia de COVID-19. La Ley CARES incluye 349.000 millones de dólares en garantías de préstamos, subsidios y programas de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), lo que permite ampliar el Programa de Préstamos de la SBA para incluir un Programa de Protección de Cheques de Sueldos, al que las empresas elegibles pueden solicitar para garantizar el pago continuo de sus empleados. Además, se aumenta el monto máximo de préstamo de un Préstamo Expreso de la SBA. 

Asimismo, las empresas pueden solicitar la condonación de los préstamos en determinadas circunstancias. En concreto, las empresas que operen el 15 de febrero de 2020 y que tengan una solicitud de préstamo pendiente o aprobada en el marco del programa, podrán optar a la condonación de préstamos (capital, intereses y comisiones) por un importe igual a la suma de los gastos subvencionables en que hayan incurrido y los pagos realizados durante el período cubierto. El monto de la condonación puede ser de hasta el 100% del préstamo, pero no debe exceder el monto del capital del préstamo. 

Parte de la Ley de Asignaciones Suplementarias para la Preparación y Respuesta ante el Coronavirus, que fue la primera legislación importante en respuesta a la pandemia de COVID-19 promulgada el 6 de marzo de 2020, fue la autorización de la SBA para proporcionar una asistencia estimada en 7.000 millones de dólares a través de su programa de Préstamos para Lesiones Económicas en caso de Desastre (EIDL).  Este programa ofrece a ciertas pequeñas empresas, que deben cumplir ciertos criterios para tener derecho a él, préstamos a bajo interés de hasta 2 millones de dólares. Las exenciones de requisitos para las empresas que reúnen los requisitos en el marco del programa EIDL son: a) garantías personales sobre préstamos de 200.000 dólares o menos durante el período abarcado, b) que el solicitante esté en funcionamiento un año antes del desastre, o c) que el solicitante no pueda obtener crédito en otro lugar. Los solicitantes de un préstamo de EIDL pueden además solicitar un subsidio de emergencia de hasta 10.000 dólares como adelanto para cubrir la nómina, la licencia por enfermedad y otras deudas. Además, se ponen a disposición de la SBA 17.000 millones de dólares en virtud de la Ley CARES para pagar el capital, los intereses y las tasas asociadas de los productos de préstamo de la SBA existentes, con lo que se proporciona alivio de la deuda a los participantes en los préstamos de la SBA existentes. 

Ciertas empresas también califican para recibir asistencia financiera. La Ley CARES incluye la Ley de Estabilización Económica del Coronavirus de 2020 (la "CESA"). La CESA reserva aproximadamente 500.000 millones de dólares y promulga otras medidas para proporcionar liquidez a las empresas que reúnen los requisitos y que están sufriendo como resultado directo de la emergencia de COVID-19. Por ejemplo, la CESA tiene como objetivo apoyar a las aerolíneas y a las empresas de seguridad nacional. Autoriza al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a conceder hasta 25.000 millones de dólares en préstamos o garantías de préstamos a las líneas aéreas comerciales, agentes de billetes y empresas que realizan servicios de inspección del mantenimiento de aeronaves, 4.000 millones de dólares en préstamos o garantías de préstamos a las empresas de transporte aéreo de carga y 17.000 millones de dólares en préstamos y garantías de préstamos a empresas fundamentales para el mantenimiento de la seguridad nacional. 

Además, el Tesoro también está autorizado a proporcionar 454.000 millones de dólares (más cualquier cantidad de financiación que no se proporcione a las industrias de las aerolíneas o de la seguridad nacional) en préstamos, garantías de préstamos y otras inversiones a programas o instalaciones establecidas por la Reserva Federal que proporcionen liquidez al sistema financiero que apoya los préstamos a las empresas elegibles, incluidas las empresas de tamaño medio, los estados o los municipios. 

Otra iniciativa del gobierno que forma parte de la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (FFCRA) - la segunda gran pieza de legislación federal en respuesta a la pandemia COVID-19 - fue la creación de dos créditos fiscales federales reembolsables. Estos créditos, que van en contra de los impuestos de la FICA, están disponibles para los empleadores con 500 o menos empleados y pueden compensar el costo de proporcionar licencias relacionadas con el Covid-19 a sus empleados. Créditos y limitaciones comparables están disponibles para los trabajadores autónomos también. Además, se implementó un crédito fiscal para la licencia por enfermedad pagada, que es un crédito fiscal igual al salario diario pagado a un empleado que toma una licencia por enfermedad debido a Covid-19 está disponible. De igual manera, también hay un crédito fiscal para la licencia familiar pagada: un crédito fiscal igual al salario diario pagado a un empleado que toma una licencia médica familiar calificada. 

Otra iniciativa gubernamental se refiere a la renuncia a los pagos de préstamos hipotecarios residenciales para propiedades multifamiliares con préstamos respaldados por el gobierno federal. De conformidad con la Ley CARES, un prestatario multifamiliar con un préstamo hipotecario multifamiliar con respaldo federal que estuviera vigente al 1 de febrero de 2020 puede solicitar una indulgencia si está experimentando dificultades financieras debido a la pandemia. Un prestatario multifamiliar que reciba una indulgencia no puede, durante dicha indulgencia, desalojar o iniciar el desalojo de un inquilino únicamente por el impago del alquiler u otros cargos, ni tampoco puede cobrar multas por mora a un inquilino. Además, un prestatario multifamiliar no puede exigir al inquilino que desocupe su vivienda durante el período de indulgencia o sin previo aviso de 30 días.

Además, existe una moratoria para los desalojos. En virtud de la Ley CARES, durante 120 días a partir de su promulgación, el propietario de una propiedad multifamiliar tiene prohibido iniciar acciones legales para desalojar a un inquilino únicamente por falta de pago del alquiler o por el cobro de cuotas, penalidades u otros cargos al inquilino relacionados con dicha falta de pago del alquiler cuando la hipoteca del propietario sobre esa propiedad esté asegurada, garantizada, complementada, protegida o asistida de alguna manera por el HUD, Fannie Mae, Freddie Mac, el programa de vales para vivienda rural o la Ley sobre la violencia contra la mujer de 1994.